En la siguiente imagen se muestra la distribución del
uso forestal en Castilla-La Mancha:
PARA ASOCIACIONES DE PROPIETARIOS FORESTALES
El funcionamiento y la continuidad de una asociación dependen, ante todo, del compromiso y la participación activa de sus integrantes. La cohesión, la organización y la determinación del grupo son fundamentales para avanzar hacia los objetivos comunes.
No obstante, definir metas compartidas implica comprender a los propietarios, sus motivaciones y expectativas en relación con la gestión forestal. Esto exige un conocimiento integral del territorio y de quienes lo habitan, que va más allá de las competencias técnicas y requiere empatía, capacidad de comunicación y disposición para establecer un diálogo constante con todos los actores implicados.
Del mismo modo, resulta fundamental recopilar e interpretar información histórica sobre el territorio, combinando fuentes documentales como archivos, fotografías antiguas o antiguos planes de gestión, con los relatos y experiencias de personas clave, tales como habitantes locales, profesionales del sector, técnicos veteranos o representantes de las administraciones públicas.
Castilla-La Mancha posee un relevante patrimonio forestal. Según los datos del Inventario Forestal Nacional (IFN4), la superficie forestal se estima en 3,81 millones de hectáreas, lo que equivale aproximadamente al 48% del territorio autonómico. De dicha superficie, el 78% corresponde a monte arbolado, mientras que el 22% restante se clasifica como terreno desarbolado (MITECO, 2023). En relación con la titularidad, el 63% de los montes son de propiedad privada y el 37% son de propiedad pública.
En la siguiente imagen se muestra la distribución del
uso forestal en Castilla-La Mancha:
• Monte del Estado y de las Comunidades Autónomas: montes de propiedad pública de ámbito estatal o autonómico. La gestión corresponde a la Administración General del Estado o a la Comunidad Autónoma.
• Montes Municipales de Utilidad Pública (MUP): montes de propiedad municipal gestionados por la Administración autonómica.
• Montes Municipales Consorciados: montes de propiedad municipal, pero gestionados conjuntamente con la Administración mediante acuerdos o consorcios.
• Montes Municipales Patrimoniales: montes de propiedad municipal, pero sin
la consideración de utilidad pública.
• Montes Municipales Comunales: montes de propiedad municipal, pero su uso corresponde al conjunto de los vecinos del municipio.
• Montes Vecinales en Mano Común: montes de propiedad colectiva de los vecinos de una comunidad local, no del ayuntamiento. En la mayoría de los casos, los propietarios son las personas empadronadas en el municipio.
• Montes de Socios: montes de propiedad particular cuya gestión es compartida entre varios copropietarios (personas tisicas o jurídicas).
• Montes de Particulares y Empresas: montes de propiedad privada individual o empresarial.
Consideran la propiedad forestal como una fuente de ingresos regulares (venta de madera y/u otros productos y servicios) y/o seguridad económica (inversión en �erras). La mayoría de estos propietarios son gestores forestales a �empo completo y, a menudo, actores importantes en las principales redes del sector.
Su enfoque silvícola es principalmente naturalista (cercano a la naturaleza), orientado a proteger y aumentar la biodiversidad. Por lo tanto, el uso de los productos forestales debe basarse siempre en un equilibrio adecuado de todos los componentes del ecosistema forestal.
Consideran y gestionan la propiedad forestal como una fuente de múltiples beneficios tangibles (productos maderables y no maderables) e intangibles (paisaje, hábitat de especies, protección, etc.). La gestión forestal es una ocupación ocasional, ya que su principal fuente de ingresos no proviene
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de los productos forestales, sino de otros tipos de ingresos que no dependen del sector forestal. Conceden gran importancia a los conocimientos silvícolas transmitidos de sus antepasados, por lo que se muestran reacios a vender o arrendar sus tierras a terceros.
Un gestor forestal que pueda operar tanto a gran como a pequeña escala, responsable de la producción y venta de productos forestales, la preservación de la biodiversidad y otros servicios ecosistémicos, y la promoción de ac�vidades recrea�vas. Por lo tanto, debe equilibrar la sostenibilidad económica a corto y largo plazo con las diversas necesidades de la ciudadanía.
No muestran ningún interés ni preferencia particular por la gestión forestal. Suelen vivir lejos de la propiedad, tienen otras fuentes de ingresos y, en algunos casos, ni siquiera conocen su situación de propiedad. En muchos casos, creen que sus acciones no tendrán un impacto significativo en la supervivencia del bosque.
Clasificación de los propietarios de bosques privados en Europa según diferentes actitudes y objetivos de gestión (P. Deuffic, M. Sotirov, A. Basse, 2018).
Uno de los principales retos es la desconexión actual entre los propietarios y el territorio: muchas personas ya no residen en los pueblos, algunos sólo regresan en verano, y en numerosos casos los propietarios desconocen la ubicación exacta de sus parcelas o no tienen la propiedad oficialmente heredada. Estas circunstancias dificultan el contacto y la coordinación entre propietarios y explican en parte la falta de estructuras asociativas sólidas en el medio rural. No obstante, en esta primera fase resulta prioritario centrar los esfuerzos en la implicación y organización de los propietarios forestales.
Llevar a cabo un proceso participativo realmente efectivo requiere contar con competencias específicas en mediación y comunicación. Se puede hacer por parte de los propietarios, pero en la mayoría de los casos, implica la colaboración de profesionales especializados o entidades externas que actúen como dinamizadores del proceso, facilitadores con experiencia en el territorio y representantes o líderes locales que sirvan de enlace entre los distintos tipos de propietarios. La implicación de terceros, por ejemplo, una empresa intermediaria o entidad especializada, puede garantizar una mayor neutralidad y continuidad en la dinamización, ayudando en la elección de una junta directiva implicada en el proceso, evitando conflictos internos y aportando herramientas de gestión, comunicación y participación.
Experiencias previas como los proyectos PROMINIFUN y SAGEFER han puesto a prueba distintas formas de movilizar y agrupar la pequeña propiedad forestal, combinando la participación social con herramientas técnicas de gestión. Ambos proyectos demuestran que para lograr una implicación real de los propietarios es necesario un acompañamiento técnico y social continuado, apoyado por entidades externas que dinamicen el proceso y aporten confianza.
En esta misma línea, el proyecto europeo SMURF avanza un paso más, al buscar nuevos modelos de gestión y cadenas de valor para las pequeñas propiedades forestales, conectando la sostenibilidad ambiental con la rentabilidad económica. Junto con iniciativas como el Congreso de la Propiedad Forestal, los trabajos de COSE o programas como UFIL y RECONECTA, estos proyectos ofrecen referencias útiles y experiencias prácticas para impulsar una gestión forestal privada más colaborativa, profesional y sostenible.
Es importante implicar desde el inicio a las administraciones locales, ya que su respaldo institucional contribuye a legitimar el proceso, facilitar la difusión de la iniciativa y proporcionar espacios o medios para la organización de reuniones.
Se llevará a cabo una campaña de comunicación y sensibilización combinando medios online y offline, aprovechando especialmente los periodos en los que los propietarios residan en los pueblos (Meses de verano y festividades locales). Será clave contar con el apoyo de líderes locales, es decir, personas de referencia en el territorio, como representantes vecinales, agricultores, gestores forestales o técnicos municipales, que ayuden a transmitir confianza, difundir la iniciativa y motivar la participación.
Se recomienda realizar entre dos y tres reuniones participativas con los propietarios interesados. En ellas se abordarán los aspectos fundamentales para la creación de la asociación: definición de objetivos, elaboración de los estatutos y elección de la junta directiva que representará a la entidad.
Una vez designada la junta directiva, se desarrollará un trabajo de preparación interna orientado a fortalecer sus capacidades en materia de gestión asociativa, administración y coordinación de proyectos forestales conjuntos.
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