la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por la Ley 10/2006, establece en su articulo 60 que las Administraciones públicas deben promover activamente las fundaciones, asociaciones y cooperativas de iniciativa social, existentes o de nueva creación, que tengan por objeto materias forestales, y que puedan colaborar con la Administración en el ejercicio de sus competencias (especialmente en la gestión sostenible y multifuncional de los montes).

la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, refuerza este principio al reconocer en su articulo 25 que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha deberá fomentar las fundaciones y asociaciones de carácter forestal que colaboren con la Consejería competente en materia forestal.

La Ley 3/2008, es decir, la Ley 8/2023, tiene entre sus principales objetivos armonizar la normativa forestal con las políticas de lucha contra la despoblación, de acuerdo con la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, cuyo articulo 54 recoge la puesta en valor de los servicios de los ecosistemas forestales.

De este modo, la Asociación Forestal se realiza conforme a la normativa de asociaciones (Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, Decreto 8/1999, de 02/02/1999, Consejo de Gobierno, de
Coordinación de Registros de Asociaciones de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Orden de 15/03/1999, Consejería de Administraciones Públicas, por la que se regulan las Inscripciones en el Registro General de Asociaciones y en los demás registros de asociaciones dependientes de la Administración de la Junta), en coherencia con los principios establecidos por ambas leyes de montes, que promueven la cooperación entre propietarios, la conservación de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático.